Juan José Rodríguez Sendín (OMC) y Máximo González Jurado (CGE) se adhieren al Pacto por la Sanidad en España.

Se presentó ayer, a la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, un documento donde se comprometen a participar activamente en el Pacto por la Sanidad.

Este documento conlleva importantes compromisos para los más de 450 mil profesionales que integran ambos sectores y con los que se pretende fortalecer el Sistema Nacional de Salud (SNS) así como asegurar su sostenibilidad con criterios de equidad, calidad, cohesión, innovación y seguridad para profesionales y pacientes.
Esta adhesión de médicos y enfermeros respalda también el consenso alcanzado por el Pleno del Consejo Interterritorial del SNS el pasado 18 de marzo para iniciar un conjunto de acciones y medidas que refuercen la equidad, la calidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud.
La Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, recalcó la extraordinaria importancia de que “los dos colegios profesionales más importantes para el Sistema Nacional de Salud estén contribuyendo con su presencia, aportaciones, decisiones… a las líneas generales del acuerdo suscrito entre el Ministerio y los Consejeros”.

Para el presidente de la OMC, "este documento es una defensa y compromiso con el Sistema Nacional de Salud cuya importancia, en plena crisis económica, adquiere especial relevancia al deber seguir ofreciendo gratuitamente las mismas garantías a todos los ciudadanos, especialmente a los más débiles y peor situados social y sanitariamente. Por todo ello, ambas profesiones queremos renovar y volvernos a comprometer con lo que siempre hemos creído y que se materializa en este documento que es la defensa de la calidad de las prestaciones así como la sostenibilidad del SNS. Pero todo ello, no puede ser posible sin el compromiso y esfuerzo de los responsables de los partidos políticos que deberían alcanzar acuerdos estables, suficentes para dar un nuevo impulso al SNS, garantizando su sotenibilidad al margen de intereses de partido”, explicó el Dr. Rodriguez Sendín.
Por su parte el presidente del Consejo General de Enfermería (GCE), señaló este día como “una fecha histórica ya que dos profesiones, tan importantes, como la Medicina y la Enfermería se comprometen de una forma leal, sincera y abierta con el Sistema Sanitario de Salud. El documento que hemos suscrito habla de dos aspectos fundamentales. Por un lado, el apoyo al ciudadano y al paciente y por otro, fortalecer con absoluta lealtad, todas las medidas que tomen los poderes públicos a favor del Sistema Sanitario de Salud”, matizó Máximo González Jurado.

-Principios y compromisos
El documento de adhesión al Pacto por la Sanidad de médicos y enfermeros se concreta en una serie de principios y compromisos que tocan diversos aspectos que van desde los derechos humanos hasta los servicios de atención al paciente, pasando por el acceso equitativo a la atención sanitaria de calidad, el consentimiento informado, el secreto profesional, los códigos deontológicos y los registros públicos de profesionales, entre otros.
Entre las acciones que recogen este documento destaca que los colegios profesionales de médicos y enfermeros deberán contar con sistemas de certificación y recertificación que les permitan comprobar que sus profesionales mantienen en todo momento las competencias necesarias para ejercer.

La profesión médica y enfermera presentan un documento de compromiso con el SNS.
Otro punto importante es que los colegios profesionales de médicos y enfermeros exigirán que los profesionales obtienen el consentimiento de su paciente de manera adecuada y sitemática, esto es, suministrando a sus pacientes la información pertinente que les permita tomar una decisión informada.
El documento también recoge el compromiso de los servicios de atención a los apcientes y ciudadanos, puestos a disposición por las organizaciones colegiales, que resolverán las quejas y reclamaciones con diligencia, bien informando sobre la posibilidad de acudir al sistema extrajudicial de resolución de conflictos, o bien remitiendo el expediente a las comisiones deontológicas para que instruyan los oportunos expedientes informativos o disciplinarios. Para facilitar este derecho, las quejas y reclamaciones se podrán presentar por vía electrónica.
Otro de los compromisos será que tanto los Consejos Generales, los Consejos Autonómicos y los Colegios Provinciales de médicos y enfermeros deberán elaborar sus correspondientes registros públicos de profesionales para garantizar el derecho de los pacientes y en cumplimiento de la legislación vigente.

Los principios plasmados en este documento permitirán que los colegios profesionales de médicos y enfermeros, como autoridades competentes y órganos reguladores, puedan informar a los pacientes sobre lo que pueden esperar de un profesional médico o enfermero. Asimismo, servirá para informar a los profesionales, las administraciones y el conjunto de la sociedad sobre los estándares éticos y deontológicos que deberán alcanzar y con los que deberán comprometerse en España y en el resto de la Unión Europea.

El PP elevará una enmienda a la futura ley de Salud Pública para que incorpore un calendario vacunal único

La coordinadora de Política Social del PP, Ana Pastor, ha anunciado que el grupo parlamentario popular elevará una enmienda a la futura ley de Salud Pública, que se está tramitando en las Cortes, para que establezca un calendario vacunal único para todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), una de las viejas aspiraciones del estamento médico español, entre ellos, los pediatras.

Pastor, quien ha participado esta semana en Sevilla en el 'Foro Salud, Sociedad y Empresa' que ha acogido el Club Antares, ha anunciado a Europa Press que junto a este calendario común al conjunto del SNS también elevarán la necesidad de que el SNS recoja screening preventivos para el cáncer.
Recientemente, el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, ya propuso que el calendario vacunal único para todo el SNS quedase reflejado en dicha futura ley de Salud Pública.

"La futura ley de Salud Pública debería establecer un calendario vacunal básico y común para todas las comunidades autónomas, como expresión de coordinación y cooperación interterritorial", resaltaba.
Del mismo modo, proponía que la ley también garantice "la plena financiación pública" para las vacunas incluidas en este calendario vacunal único, "sin perjuicio de otras modalidades de financiación para algunas vacunas específicas que puedan establecerse en una determinada comunidad".

Reelegido Máximo Gonzalez Jurado Presidente del CGE

Máximo González Jurado ha tomado este jueves posesión de su cargo como presidente del Consejo General de Enfermería (CGE) de España, tras obtener en la votación para su reelección el respaldo del 80 por ciento de los colegios provinciales y con el compromiso de alcanzar el "pleno" desarrollo de la profesión.

   Para el reelegido presidente, que representa a un total de 250.000 enfermeros españoles, sus próximos cinco años al frente de la entidad estarán centrados, principalmente, en la implantación del Grado de Enfermería, el desarrollo de la prescripción enfermera y la implantación definitiva de las especialidades de enfermería, incluyendo la aprobación del plan formativo de la "única especialidad pendiente": enfermería en cuidados médico-quirúrgicos. 

   "Seguiremos trabajando para que la enfermería española tenga el reconocimiento profesional y social que se merece y los ciudadanos y pacientes sigan teniendo a su disposición, en el Sistema Nacional de Salud (SNS), de unos profesionales de enfermería con una preparación y una calidad profesional en la vanguardia mundial", ha apuntado. 

   La labor desempeñada por González Jurado al frente del CGE ha contado con "logros tan importantes" como la aprobación de una normativa profesional que ha "mejorado" el desarrollo profesional de la enfermería y, por tanto, la calidad de todo el SNS. Una circunstancia "clave" para los colegios provinciales a la hora de decidir el futuro de la Organización Colegial. 

   Según González Jurado, "los últimos años han resultado un verdadero hito histórico para la enfermería española, que ha sufrido una auténtica revolución en su desarrollo profesional gracias a la aprobación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), el Real Decreto de Especialidades de Enfermería o el Estatuto de la Profesión Enfermera, entre otros".

Visto en Europa Press

El Congreso reclama una prestación para trabajadores que cuidan de familiares con enfermedad terminal

La Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a estudiar una nueva prestación para aquellos trabajadores que tienen que ausentarse temporalmente de su puesto de trabajo para cuidar a un familiar en situación de enfermedad terminal

Esta propuesta, que ha sido defendida por la diputada socialista Concepción Sanz, es similar a una proposición no de ley de CiU, recientemente aprobada en el Congreso, que establece una nueva prestación para los progenitores de un niño con cáncer o una enfermedad grave que precisase de hospitalización.

"Quizás se podría aplicar una solución similar a la situación de los familiares que atiendan a enfermos terminales, previa realización de un estudio que aborde las circunstancias particulares de este caso y las tenga en cuenta a la hora de proponer las medidas a adoptar", ha argumentado Sanz.
En concreto, se explicita en la iniciativa que dicho estudio deberá determinar, entre otros extremos, el grado de parentesco con el enfermo, la extensión de la protección y su duración, así como la persona beneficiaria en caso de concurrencia.

Sanz ha apuntado en defensa de la propuesta que la familia, fundamentalmente en la etapa terminal de la vida de las personas, se convierte en un colaborador del equipo terapéutico al aportar una "gran dosis de ayuda" que revierte en la eficacia y eficiencia de su asistencia. "Su soporte emocional es, sin lugar a dudas, fundamental en este momento trascendental. De ahí, la importancia de incorporar de forma activa a los familiares en este proceso", añade.

Día mundial de la esclerosis múltiple Además, dicha comisión parlamentaria quiere que el Gobierno reconozca a las enfermedades neurodegenerativas, tales como el Parkinson, ELA, o la Esclerosis Múltiple, por ejemplo, dentro del baremo de evaluación del grado de discapacidad, coincidiendo con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Para ello los grupos parlamentarios han respaldado por unanimidad una enmienda transaccional en la que quieren instar al Ejecutivo a "modificar el baremo para la evaluación del grado de discapacidad reconociendo tras el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas un porcentaje de discapacidad del 33 por ciento, independiente de la propia valoración, que compense la especificidad en cuanto a variabilidad de generación y de explotación que los cursos de estas enfermedades generan". Es más, piden al Gobierno que atienda a las peticiones de las asociaciones de enfermos de enfermedades neurodegenerativas, teniendo en cuenta todas las especificidades de estas enfermedades en los procesos de revisión y actualización de los baremos, buscando en todo momento poder realizar los procesos de valoración con equidad y atendiendo a las características del avance del proceso degenerativo. La portavoz de Sanidad de CiU, Conxita Tarruella, quiere con esta iniciativa, que incluye una enmienda consensuada con PSOE y PP, facilitar el acceso de estos enfermos a recursos, servicios o prestaciones económicas adecuadas. "La valoración de la discapacidad se suele producir en los estadios más avanzados de la enfermedad, cuando la persona ha alcanzado un grave nivel de deterioro físico, solo entonces se reconocen las ayudas", ha criticado Tarruella.

El mutualismo da trabajo a más de 12.700 médicos

El mutualismo administrativo tiene un impacto directo sobre 43.479 profesionales sanitarios del sector privado. Según se desprende de un informe presentado la semana pasada por el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), la actividad que generan modelos como Muface, Isfas o Mugeju repercute sobre 12.749 facultativos, el 23 por ciento del total de médicos que ejercen en la sanidad privada, y sobre otros 30.720 profesionales sanitarios, que representan el 18 por ciento de los profesionales del sector privado.

Luis Mayero, vicepresidente de IDIS y director del Informe "Aportación del modelo de mutualismo administrativo al mercado laboral sanitario español", asegura que muchos de estos profesionales desarrollan su labor en áreas geográficas cuyo mercado laboral privado tienen gran dependencia del colectivo mutualista, de manera que sería difícil de mantenerlo sin su existencia. 

Las comunidades autónomas en las que este vínculo es mayor son, según el análisis de IDIS, Extremadura, en la que representa el 79 por ciento de profesionales sobre el total del mercado privado, Castilla-La Mancha y Castilla y León, con un 49 por ciento, Galicia, con un 42 por ciento, Andalucía, con un 38 por ciento, y Ceuta y Melilla, con el 35 por ciento. El contrapunto lo ponen regiones como Cataluña, donde el peso de la concertada centra la actividad sanitaria privada y deja un escaso 4 por ciento de profesionales privados con dependencia del mutualismo, y Navarra, donde apenas alcanza el 8 por ciento, seguida por comunidades Cantabria o Baleares, con un 12 por ciento.

Entre otras cifras, el documento refleja que los mutualistas generan 232.000 ingresos, 1,1 millones de estancias hospitalarias, 109.000 actos de cirugía mayor y menor y 1,3 millones de urgencias hospitalarias, además de 17,5 millones de consultas y 34,9 millones de pruebas diagnósticas, biológicas y otros actos terapéuticos.

Para Juan Abarca, secretario general de IDIS, el mutualismo constituye "una fuente de empleo y de riqueza, muchas veces la principal fuente de la zona, y aporta ventajas para todos los actores". Abarca apunta que tanto una decisión política como el abandono de las aseguradoras, ante la infrafinanciación de las pólizas, por las que, recordó, reciben un pago que ronda los 600 euros por mutualista, frente a los 1.400 de gasto por persona de media en el SNS, pueden deteriorar el modelo.

El futuro de Muface

Eliseo Moreno, presidente del sector de Enseñanza del sindicato CSI-CSIF, coincide con él en que la financiación sigue sin resolverse. "Con la actual, el mutualismo administrativo no tiene futuro", asegura, al mismo tiempo que reclama un plan a varios años para que las aseguradoras puedan tener perspectivas, tal y como se hizo en el año 94. En cualquier caso, Moreno cree que la crisis actual puede jugar a favor de un modelo "que es eficiente y gasta menos que la prestación general".

Esta organización constituye la excepción que confirma la regla. Y es que para el ex ministro de Sanidad Julián García Vargas una de las debilidades del mutualismo es que los propios funcionarios no han sabido defender su valor a través de sus sindicatos.

El ex ministro cree que en los últimos años se ha dado un paso importante con el reconocimiento de que el mutualismo es parte específica del SNS, de hecho, advierte, se incluye en la disposición adicional cuarta de la Ley de Salud Pública. Como para el resto del sistema público, García Vargas cree que debe imponerse el realismo: "El mutualismo tendrá que hacer algo similar al SNS. Podrá aumentar poco la prima y la financiación, habrá que moderar el gasto y la demanda, revisar prestaciones y eliminar las poco importantes. Para salvar el 98 por ciento de las prestaciones, el mutualismo también tendrá que sacrificar el 2 por ciento restante". 

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, considera necesaria una única ley reguladora para todo el territorio español

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reconociendo que se trata de la "primera lectura" de un texto que todavía debe remitirse al Consejo de Estado y las comunidades antes de llegar a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
Según ha destacado Pajín, con esta norma se pretende que todos los ciudadanos "afronten sus últimos días con dignidad y el menor sufrimiento posible, con independencia del lugar donde residan".

Y es que, asegura la ministra, se estima que aproximadamente la mitad de los españoles tienen que afrontar situaciones difíciles cuando fallecen y, con ellos, sus familiares. "Estamos hablando de aquellos pacientes que entran en fase terminal o de agonía, en la que los médicos ya descartan de forma clara que vaya a haber expectativas de curación".
El primer paso para mejorar la atención a estos pacientes fue la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos aprobada en 2007, tras la que el Gobierno quiere "dar un paso más" para "pasar de un modelo asistencial a un sistema de derechos y garantías, al tiempo que también ofrece mas seguridad jurídica a los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha remarcado la ministra.

Enfermería pide una única ley para todas las comunidades autónomas.
El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, considera "necesario e importante" que, con la futura Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, cuyo anteproyecto ha recibido el visto bueno del Gobierno este viernes, "haya una regulación que quede como materia básica del Estado y que no haya 17 leyes diferentes".

En este sentido, González Jurado, ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que la futura normal viene a garantizar "una buena regulación para que los últimos días de los pacientes terminales sean dignos para ellos y sus familias, conciliando el respeto a los derechos tanto del paciente como de los profesionales sanitarios que lo atienden". "Tenemos una ley importante aprobada en 2002, la Ley de Autonomía del Paciente, que recoge una serie de derechos, como son los de información, consentimiento y voluntad anticipada --ha recordado--. Si ya existe una declaración de voluntades que se va renovando sobre cómo morir con dignidad, que se regule para evitar conflictos como los del pasado sobre si son cuidados paliativos o procesos diferentes como la eutanasia activa o pasiva, es necesario e importante", ha insistido. Tanto el personal de enfermería como los médicos ya tuvieron ocasión de tratar con la ministra de Sanidad, Leire Pajín, la redacción de este texto normativo aprobado este viernes, y volverán a hacerlo en el trámite de consultas que atravesará antes de iniciar su trámite parlamentario en el Congreso. Mitigar el dolor, sin despenalizar la eutanasia "La iniciativa era demandada desde numerosas organizaciones de profesionales y asociaciones de pacientes", ha recordado Pajín, aprovechando para asegurar "con rotundidad" que "no despenaliza la eutanasia ni el suicidio asistido. Para ello, la norma establece que "cualquier persona mayor de edad y plena capacidad de obrar por si misma tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad, sobre sus cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir al final de su vida".

Asimismo, se garantizan el derecho a la información asistencial, la toma de decisiones, al tratamiento del dolor y al acompañamiento o la intimidad en los últimos días de su vida. Todo ello, ha añadido Pajín, "será equitativo en todo el SNS, de modo que todos los ciudadanos tendrán el mismo derecho vivan donde vivan". El anteproyecto de ley establece también que quien reciba la información asistencial y la prestación del consentimiento será cuando el paciente presente incapacidad de hecho. Esto se decidirá a criterio del profesional médico responsable, para lo que recabará la opinión de "al menos" otro profesional implicado directamente en la situación del paciente. Del mismo modo, la ley regula las voluntades anticipadas y establece que toda persona tiene derecho a manifestar su voluntad en un registro autonómico que las comunidades deberán comunicar "obligatoriamente" al registro nacional. Las voluntades anticipadas se podrán modificar Estas voluntades, no obstante, pueden ser "modificadas o revocadas" pero "será la voluntad de la persona la que prevalezca sobre cualquier otra decisión previa". La norma además establece que los profesionales sanitarios estarán obligados a respetar la voluntad, las convicciones y creencias del pacientes. Para ello, podrán consultar al registro nacional de instrucciones previas "dejando constancia" de cualquier consulta que realicen. No obstante, resalta Pajín, "el cumplimiento de las voluntades del paciente excluye cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales sanitarios". Además, el personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación de cada paciente, y obliga a las administraciones a garantizar el respeto por el procedimiento.

Máximo González Jurado, afirma que el Observatorio de Enfermería vigilará la cohesión del SNS

González Jurado preside el 

Consejo de Enfermería

Aprovechando el Día Internacional de la Enfermería, una jornada que el Consejo General español empleó para anunciar que su Observatorio Sanitario va a poner en marcha una nueva línea de investigación que estará continuamente evaluando la asistencia sanitaria prestada en todo el territorio español de cara a ayudar al Ministerio de Sanidad como garante de que se cumple en todos los rincones de España con el principio de equidad y accesibilidad.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha explicado que “un equipo de enfermeros y analistas expertos estarán continuamente evaluando la asistencia sanitaria prestada en todo el territorio español de cara a velar que se cumple en todos los rincones de España con el principio de equidad y accesibilidad de todos y cada uno de nuestros ciudadanos”.

Además, ha señalado que las diferentes situaciones de desigualdad relativas a la falta de profesionales cualificados (fundamentalmente enfermeras generalistas, enfermeras especialistas y algunas especialidades médicas puntuales), cartera de servicios y prestaciones desiguales y una amplia diversidad en otros aspectos sanitarios como listas de espera, falta de información o conocimiento en la población o la formación continuada de los propios profesionales, “podrían resolverse en gran medida aprovechando el importantísimo potencial científico, humano e investigador de las enfermeras españolas”.

Máximo González Jurado ha anunciado que el Observatorio Sanitario del Consejo General de Enfermería va a poner en marcha una nueva línea de investigación que estará continuamente evaluando la asistencia sanitaria prestada en todo el territorio español de cara a ayudar al Ministerio de Sanidad como garante de que se cumple en todos los rincones de España con el principio de equidad y accesibilidad.

Asimismo, ha pedido a las comunidades autónomas “y a sus políticos, que aproveche la celebración de hoy para reflexionar sobre nuestra profesión y alabar nuestro trabajo, que demuestren con hecho concretos este compromiso con la profesión y den un impulso definitivo a la especialidad de enfermería medico quirúrgica, que es la última de las siete especialidades aprobadas que ya cuenta con el beneplácito del ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y la Comisión Nacional de la especialidad”.