EL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA DE ESPAÑA RECIBE EL RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMERÍA DE TODO EL MUNDO POR SU CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA CALIDAD Y ASISTENCIA EN EL SNS

La Asamblea General del CIE ha mostrado su oposición unánime al proyecto de Ley de Servicios Profesionales que introduciría la colegiación voluntaria para médicos y enfermeras que trabajen para la sanidad pública

Esta semana la enfermería española ha recibido el reconocimiento de toda la comunidad internacional, representada por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), órgano de representación mundial de esta profesión sanitaria que engloba los Consejos Generales de 130 países y representa a más de 13 millones de enfermeras que trabajan en todo el mundo. El galardón fue entregado por Rosemary Bryant, presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras.

De esta manera, el Consejo General de Enfermería, máximo órgano regulador de la enfermería española, ha recibido este reconocimiento mundial que, tal y como destacaba la presidenta del CIE, se justifica en su capacidad de liderazgo demostrada en el desarrollo profesional conseguido hasta el momento, que ha llevado a esta profesión a pasar a formar parte, en apenas diez años, de la élite mundial.
En su reconocimiento, el CIE ha querido recalcar que el desarrollo español se ha conseguido priorizando siempre en interés de los ciudadanos, e impulsado reformas en aras de la calidad de la asistencia sanitaria y de los intereses de pacientes y ciudadanos.

El reconocimiento mundial de la enfermería española ha tenido lugar esta mañana en Malta, en el marco del Consejo de Representantes Nacionales (CRN) del Consejo Internacional de Enfermeras. Se trata de la asamblea mundial de la profesión que integra un total de 118 países de todo el mundo y es la máxima autoridad mundial de esta profesión ante todos los organismos internacionales.

Apoyo unánime a la colegiación universal
Cabe señalar que, a lo largo de la asamblea, los países se han interesado, de forma unánime, por la situación actual de España en cuanto al Proyecto de Ley de Servicios Profesionales que viene elaborando en los últimos meses el Ministerio de Economía y que, en los últimos borradores, contempla mantener una colegiación obligatoria de los profesionales sanitarios que trabajan para la sanidad privada y apostar por eximir de dicha obligatoriedad a aquellos que desempeñan su labor en el ámbito público.

Esta decisión se adopta alegando que, en estos supuestos (los trabajadores de la sanidad pública), el Estado ya realiza un "control de las buenas prácticas". Esta posibilidad convertiría a España en el único país del mundo desarrollado donde el empleador de los profesionales sanitarios también es quien decide qué son las buenas prácticas clínicas. En este sentido, cabe destacar el apoyo unánime que han mostrado todos y cada uno de los 118 miembros presentes en el CRN, a los colegios de enfermeros y médicos de España ante esta situación donde el verdadero perjudicado no es otro que el paciente. Desde la junta general del CIE han señalado que "esta decisión del Ministerio de Economía pondría en peligro la independencia y la unidad de nuestras profesiones; no olvidemos que, en gran parte, nuestra misión principal es la de garantizar la calidad y la independencia profesional de todos los médicos o enfermeros, sea cual sea su ejercicio, para el interés de la población a su cargo". Así, destacaron que, en pos de la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia sanitaria, resulta imprescindible estar colegiado para ejercer la actividad de médico o enfermero, independientemente de dónde y cómo ejerza la medicina o la enfermería, ya sea en la actividad privada o pública, hospitalaria, liberal o asalariada. Basta apelar al sentido común para determinar que resulta del todo ilógico y contraproducente para el paciente permitir que el empleador y responsable logístico y organizacional del trabajo, sea, a su vez, quien decida también qué son y qué no son buenas prácticas, porque se convierte en juez y parte frente a sus empleados.

Si esto es así, y el actual proyecto de ley de este modo lo contempla, los profesionales sanitarios españoles que trabajen no sólo para la sanidad pública, sino también para centros concertados con la seguridad social )aunque tengan titularidad 100% privada), no podrían negarse a realizar una práctica clínica o asistencial que consideren que implique riesgo para sus pacientes, porque el criterio deontológico sería el impuesto por su gestor, que podría perfectamente optar por priorizar el ahorro, la rentabilidad y/o la cuenta de resultados, frente a la propia seguridad de los ciudadanos. Esta situación, ya de por sí crítica en cualquier contexto histórico, resulta especialmente peligrosa ante la situación de crisis financiera que vive nuestro país y que, ahora más que nunca, comienza a hacer mella en la sanidad. Algo que ha estado reconociendo, de forma casi diaria, el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, que ha anunciado fortísimas medidas de contención de gasto. Unas medidas que, tal y como han indicado tanto el mismo Boi Ruiz como los más destacados expertos y economistas sanitarios, "van a ser necesariamente mimetizadas por todas las comunidades autónomas una vez concluyan las elecciones autonómicas".